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Publicado por Lucía Montejo en Represura nº 3

En plena guerra civil, en 1938, se promulga la Ley de Prensa que se aplicará sin interrupción hasta que en 1975 se produzca la transición política y se restaure la democracia. Las modificaciones que en ella se produjeron durante casi cuatro décadas fueron mínimas aunque su aplicación se inclinó hacia cierta tolerancia con el paso de los años y los cambios que en la sociedad se iban produciendo. Todas las publicaciones tenían que pasar este mecanismo de control; sólo las dependientes de la Iglesia estaban exentas de este requisito. En el reverso del dictamen que los censores debían emitir para cada uno de los libros, figuraban las siguientes normas: “¿Ataca al Dogma?, ¿A la Iglesia?, ¿A sus Ministros?, ¿A la Moral?, ¿Al Régimen y a sus Instituciones?, ¿A las personas que colaboran o han colaborado con el Régimen?”. Estos eran los preceptos fundamentales, que ponían en práctica con meticulosidad y empeño, para atajar la propagación de determinadas ideologías, evitar cualquier ataque a la religión católica, las tradiciones y la moral, y velar así por la difusión y el sometimiento al sistema político instituido. Los autores y los editores tenían que asumir estas disposiciones, acatarlas con respeto y naturalidad, o buscar las estrategias para eludirlas; de otra forma, corrían el riesgo de que la obra fuera mutilada, denegada su publicación o secuestrada.

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